- Impulsan el ‘Manifiesto por la seguridad jurídica del planeamiento territorial y urbanístico’, en el que requieren una normativa estatal para defender un urbanismo responsable, dinámico y con trámites unificados para todos los territorios.
El Ejecutivo regional, junto con otros doce gobiernos autonómicos, firma el ‘Manifiesto por la seguridad jurídica del planeamiento territorial y urbanístico’, en el que reclaman al Gobierno central el impulso de una ley que ofrezca seguridad jurídica al planeamiento urbanístico y territorial de todo el Estado.
El manifiesto, rubricado por la Región de Murcia, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Andalucía, Ceuta y Melilla, pretende fortalecer la cooperación y coordinación en materia de ordenación del territorio y el urbanismo entre la Administración estatal y las autonómicas. Asimismo, defiende un urbanismo responsable, dinámico y con trámites unificados para todos los territorios.
El director general de Territorio y Arquitectura, Jaime Pérez Zulueta, participó el 12 de abril por videoconferencia en una reunión con sus homólogos del resto de autonomías en la que dieron el impulso definitivo al documento acordado en el Encuentro autonómico Xacobeo 21-22, celebrado en Santiago de Compostela a finales de marzo.
Las regiones firmantes consideran necesario impulsar una normativa estatal que palíe una situación que en los últimos años se ha incrementado de manera exponencial como son los casos de nulidad de planeamiento territorial o urbanístico debido a vicios formales, sin contenido sustantivo sobre los objetivos o elementos estructurantes, que podrían resolverse con procedimientos sencillos.
Asimismo, señalan que las instituciones judiciales sostienen que la nulidad de un planeamiento no admite subsanación, convalidación o conservación de trámites; lo que exige a las administraciones locales que comiencen la tramitación desde el principio, con lo que genera de años de esfuerzo colectivo y representa un inaceptable malgasto de recursos públicos.
A esta situación se une el hecho de que entre la entrada en vigor de un planeamiento y la emisión de la sentencia que lo anula pasan largos períodos de tiempo. Otra consecuencia de esta situación es el hecho de que se agravan los efectos de la nulidad y se incrementa la inseguridad, al resultar amenazadas las inversiones y proyectos de futuro que quedan paralizados.
Así, las comunidades proponen -como ya sucede con otras decisiones reglamentarias, pero no con el planeamiento territorial ni el urbanismo– impulsar una reforma de la legislación estatal para evitar la nulidad radical de los planes generales y otros instrumentos de planeamiento, cuando incurran vicios de procedimiento fácilmente subsanables.
Por último, con este manifiesto las comunidades quieren trasladar al Gobierno central su disposición para dar un paso adelante y contribuir en todo lo posible a adoptar aquellas medidas que resulten necesarias para conseguir un urbanismo responsable y perdurable en el tiempo.
FUENTE.CARM.
