- El Gobierno regional ha aumentado el presupuesto destinado a la protección un 27 por ciento hasta alcanzar los 108 millones en 2023.
En los tres años que lleva implantada la Ley 3/2020 de Protección del Mar Menor se ha cumplido el 70 por ciento de las medidas recogidas en la norma, lo que demuestra que “se trata un instrumento útil para la conservación del ecosistema”, según afirmó el 26 de julio, el consejero en funciones de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, Juan María Vázquez. El 30 por ciento restante está en proceso de ejecución y desarrollo.
Así se extrae del borrador del informe anual correspondiente al periodo de ejecución 2022-2023 que presentó el consejero en funciones a los miembros del Comité de Participación Social del Mar Menor, en el que se subraya el elevado cumplimiento y aplicación de la mencionada Ley.
“En el documento se recogen los datos económicos correspondientes a los gastos e inversiones realizados por la Comunidad Autónoma para cumplir con los objetivos que se especifican en la ley, y se analiza artículo por artículo su grado de implantación, para poder dar una idea desde el punto de vista normativo de su aplicación”, dijo Juan María Vázquez.
El titular en funciones de Medio Ambiente y Mar Menor destacó “el esfuerzo que se realiza tanto en I+D como en el desarrollo del conocimiento” y citó el proyecto ‘Thinkin Azul’ de los Planes Complementarios, que contempla una inversión de 10 millones de euros hasta 2026.
En lo relativo al presupuesto, cabe destacar que se ha incrementado la partida, y de los 84, 9 millones de euros de inversión en 2022 se ha ascendido a los 108 millones en 2023.
El Comité de Participación Social es el máximo órgano colegiado consultivo y de participación en materia de protección integral del Mar Menor previsto en la Ley 3/2020, y corresponde al Consejo del Mar Menor la toma de conocimiento del estado ecológico del Mar Menor y su evolución, así como la valoración de las distintas actuaciones necesarias para la mejora progresiva del mismo, aportando, integrando y expresando los intereses sociales, económicos y vecinales, para facilitar que se tenga en cuenta una perspectiva global en la formulación de soluciones.
El borrador del informe ya fue presentado al Comité de Asesoramiento Científico el pasado 12 de julio, y obtuvo un dictamen favorable. Ahora es el máximo órgano colegiado consultivo y de participación en materia de protección integral del Mar Menor, el Consejo del Mar Menor, cuya funcionalidad la ejerce actualmente el Comité de Participación Social, el cual se ha pronunciado de forma favorable.
Posteriormente, el borrador será presentado para su aprobación al Consejo de Gobierno una vez pasado el preceptivo plazo de dos meses para que los miembros, tanto del Comité de Asesoramiento Científico como del de Participación Social, puedan proponer modificaciones al informe.
FUENTE. CARM
